¿Puede dispensarse algún derecho a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen o al de su anterior residencia habitual se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos legalmente?